A horas de que se firme, el gobierno de Sheinbaum hizo oficial el acuerdo con el que la gasolina no pasará de los 24 pesos por algunos meses.
El gobierno de México, luego de una serie de negociaciones, alcanzó una serie de acuerdos con los gasolineros del país para poner un tope de 24 pesos por litro en los combustibles regulares, como lo prometió la presidenta Claudia Sheinbaum a principios de febrero.
De acuerdo con un borrador del acuerdo, al que TELEDIARIO tuvo acceso, el trato todavía debe ser ratificado con una firma oficial, que se prevé tenga lugar en Palacio Nacional entre la presidenta Sheinbaum y representantes del sector.
La vigencia del acuerdo con el que se impone los 24 pesos como el precio máximo para la gasolina en México será de seis meses, que se comenzarán a contar a partir de la fecha en la que se firme.
Según la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el acuerdo se firmará a las 11:00 horas del 27 de febrero y tendrá vigencia de seis meses, en los que se evaluarán resultados y se buscará renovarlo.
En el acuerdo se estipula que Petróleos Mexicanos (Pemex) exhortará, en términos de almacenamiento y distribución, un precio mayorista nacional para la gasolina regular, que permitirá el cumplimiento del objetivo planeado con el gobierno federal.
“Pemex y los otros importadores, comercializadores, distribuidores de las marcas comerciales de gasolinas firmantes y transportistas, se comprometen a revisar sus políticas de comercialización de combustibles (…) observando un diferencial razonable que no exceda de dos pesos, sin incluir el impuesto al valor agregado, respecto de los costos de mayoreo a los que vendan Pemex y otros”.
Ambas partes también revisarán casos en los que, debido a costos logísticos u otras razones, el diferencial razonable no sea el suficiente para cubrir los costos operativos y la recuperación de la inversión, proponiendo ajustes en coordinación con las autoridades competentes.
Además, se deberán establecer mecanismo de información semanal, para dar a conocer a la población el precio de venta del combustible en las terminales de almacenamiento y reparto, así como de los costos de operación en las estaciones de servicio.
También se remarcó que la política tiene un carácter voluntario y no impone obligaciones adicionales forzosas a las partes involucradas.